El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado la “profundidad del acuerdo sobre pensiones firmado con los interlocutores sociales la pasada semana, ya que aborda más de la mitad de las recomendaciones del Pacto de Toledo”. Durante su comparecencia en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, ha señalado la importancia del acuerdo, ya que “incluye medidas de gran relevancia para dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros al garantizar el poder adquisitivo, culminar de la separación de fuentes y reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones”.

El ministro de Inclusión ha destacado que el acuerdo con los interlocutores sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por el Parlamento en otoño, lo que “permite hacerse una idea de la gran profundidad de las medidas incluidas en él”. También traslada más de la mitad de las reformas comprometidas con la Comisión Europea en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Escrivá ha resaltado que el punto de partida era complicado, ya que “coincidían el pesimismo de la ciudadanía sobre la evolución de las pensiones, unas proyecciones de incremento del gasto exageradas por parte de algunas instituciones, la incorrecta percepción de un déficit persistente en la Seguridad Social y la inquietud sobre la pensión futura por la reforma de 2013”. Ha destacado la labor de los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo, eliminando esa incertidumbre al aprobar por amplio consenso las nuevas recomendaciones el pasado otoño. Además, ha añadido, “también partimos de unas proyecciones de gasto más realistas, ya que la Comisión Europea ha rebajado en un tercio su estimación de incremento del gasto en pensiones de España a medio plazo”. 

En este sentido, el ministro ha agradecido a los interlocutores sociales su trabajo y esfuerzo durante estos meses para cerrar el texto. “Es el primer acuerdo sobre pensiones en el diálogo social -ha resaltado el ministro-, en una década, lo que da una imagen de la dimensión de la profundidad y la extensión de las medidas incluidas, muy relevantes tanto cuantitativa como cualitativamente”.

Medidas incluidas en el acuerdo

Sobre las medidas concretas recogidas en el pacto, el ministro ha señalado que la principal es el cumplimiento de la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y corrigiendo definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018. De esta forma, se fija un mecanismo estable de revalorización, análogo al de los países de nuestro entorno, de forma que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas. 

El titular de Inclusión ha explicado que “en cumplimiento de las recomendaciones 6, 11 y 12, se incluye un amplio abanico de medidas para incentivar el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria”. En este aspecto se fijan cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa. 

Escrivá ha destacado que en el caso de la jubilación demorada, “el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda”. Además, “como medida más destacable, se modifican y refuerzan significativamente los incentivos”, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora: 

Para permitir el acceso a la jubilación demorada, Escrivá ha explicado que el acuerdo con los agentes sociales establece que “los convenios colectivos no podrán establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años”. No obstante, se ha incluido una ‘cláusula de género’, que permite rebajar este límite en algunos sectores con la condición de que se incremente la participación de la mujer en ellos.

Dentro de esta línea que persigue favorecer la permanencia voluntaria de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, ha señalado que “se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años”.  

José Luis Escrivá ha explicado que “hay una elevada proporción de trabajadores que se jubilan anticipadamente en cuanto llegan a la edad mínima para hacerlo”, por lo que el acuerdo modifica los coeficientes para la jubilación anticipada voluntaria para “incentivar su permanencia en la vida laboral por unos meses, a cambio de una mejora de la pensión inicial”. Según ha señalado, “muchas decisiones en esta dirección contribuirían notablemente a la sostenibilidad del sistema”.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.

Separación de fuentes

En tercer lugar, el acuerdo con los interlocutores sociales prevé “siguiendo la recomendación 1 del Pacto de Toledo, la culminación del traspaso de los gastos impropios”. Con ello, según ha destacado el ministro de Inclusión, se culmina el gran paso dado en estos Presupuestos Generales del Estado de 2021 y se establece que “los nuevos compromisos de gasto ajenos al propio sistema de Seguridad Social requieran siempre el acuerdo del Ministerio de Hacienda”.

Cotización por ingresos reales y sustitución del factor de sostenibilidad

En cumplimiento de la recomendación 4, el acuerdo incluye el compromiso de establecer un sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos, que “se desplegará gradualmente a partir del año 2022”. En este sentido, el ministro ha resaltado que se está trabajando en la “búsqueda de equilibrio entre contributividad y número de tramos” y ha subrayado que en torno a dos de cada tres trabajadores autónomos podrían ver reducida su cotización ya que declaran rendimientos por debajo de la base mínima actual.

El ministro ha indicado que también se ha llegado a un acuerdo para sustituir el actual factor de sostenibilidad, que “prevé un recorte creciente de las pensiones, afectando especialmente a quienes acaban de entrar en el mercado laboral”, por un mecanismo de equidad intergeneracional. Este nuevo mecanismo se acordará antes del 15 de noviembre con los agentes sociales.

Finalmente, el acuerdo también incluye otras recomendaciones del Pacto de Toledo, como la creación de la Agencia de la Seguridad Social, la cotización de los becarios o la equiparación de las pensiones de viudedad para parejas de hecho.

Puede ver la intervención íntegra del ministro Escrivá en este enlace.

Puede consultar aquí el texto íntegro del acuerdo social entre el Gobierno y los agentes sociales sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio financiero, el refuerzo de la sostenibilidad del sistema y la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en este enlace.