El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado que, tras la fuerte caída de afiliación de marzo y el ligero descenso de abril, “los datos de las últimas semanas muestran una cierta recuperación del empleo tras el impacto de la COVID-19”. Según ha subrayado ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, desde el inicio de mayo hasta ahora la afiliación a la Seguridad Social “ha crecido en más de 285.000 personas”, recuperándose parte del empleo destruido anteriormente.

Además, Escrivá ha destacado que el esquema de incentivos para favorecer la incorporación de trabajadores en ERTE, que da una mayor exoneración para las cotizaciones sociales de los trabajadores activados que de los suspendidos, “ha tenido un impacto relevante sobre la actividad”. En concreto, desde mayo, el número de trabajadores afectados por un ERTE ha bajado en un millón de personas, lo que indica que este esquema “está funcionando”. Así, actualmente, quedan unos 2 millones de personas en ERTE de fuerza mayor, un 35% menos que a principios de mayo, y 320.000 en ERTE de no fuerza mayor, un 20% menos que en los máximos de mayo.

Escrivá ha asegurado que, en este sentido, la mejor prueba de que las medidas tomadas están siendo efectivas es que la amplia mayoría de los trabajadores que han salido de un ERTE, un millón en total, “lo han hecho para reincorporarse a la actividad”. Escrivá ha subrayado también que el ritmo de activación de empleados suspendidos se ha acelerado durante las últimas semanas, a medida que se suavizaban las medidas de confinamiento.

Otras medidas para paliar los efectos de la COVID-19

El ministro de Inclusión ha recordado en el Senado otras medidas puestas en marcha para suavizar los efectos la pandemia de la COVID-19 en la economía, como la prestación extraordinaria para autónomos, concedida a más de 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia, o los aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, que fueron especialmente relevantes en algunos momentos de la pandemia (sobre todo, en el mes de abril).

Por otra parte, la Seguridad Social ha reconocido 750.000 prestaciones de Incapacidad Temporal asociadas al COVID-19. Todas ellas, tanto por aislamiento (70% del total) como por contagio, independientemente de las circunstancias en las que se produjeron, se han asimilado a accidente de trabajo, liberando del coste de la baja a trabajadores y a empresas.

En materia migratoria, Escrivá ha recordado que también se han tomado medidas de calado, como la autorización para que jóvenes de entre 18 y 21 años con permiso de residencia no lucrativo para trabajar en el sector agrario. A estos jóvenes, además, se les ha concedido una autorización de trabajo y residencia de dos años.

El Ministerio ha flexibilizado algunos procedimientos, prorrogando las autorizaciones de permiso y residencia cuya vigencia terminaba durante el estado de alarma para evitar la irregularidad sobrevenida. Igualmente, se han agilizado los trámites para favorecer la contratación de personal sanitario extranjero en situación regular, lo que ha beneficiado a unas 500 personas, y se ha reforzado el sistema de atención humanitaria, con nuevos recursos y protocolos para poder garantizar el aislamiento de las personas positivas en COVID-19, así como con la apertura de nuevas plazas en Canarias.

Líneas generales del Ministerio

Además de analizar las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante la pandemia, el ministro Escrivá ha presentado las líneas generales de actuación para esta legislatura, subrayando la necesidad de impulsar dos grandes consensos nacionales en pensiones y en migraciones, una vez convalidado en el Congreso de los Diputados el Ingreso Mínimo Vital, medida clave en materia de inclusión, sin ningún voto en contra.

El ministro ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital será una política social destinada a “erradicar la pobreza extrema y trabajar por la inclusión social y la participación en el mercado laboral de los beneficiarios”. La nueva prestación, que en las primeras 72 horas ha sido solicitada por 212.000 personas (172.000 en las primeras horas), beneficiará a unos 850.000 hogares en los que viven más de 2,3 millones de personas. “El alto número de solicitudes recibidas en las primeras horas indica que es una medida muy necesaria en España”, ha subrayado Escrivá.

En el gráfico inferior se pueden ver las características de las 172.000 solicitudes presentadas en las primeras horas.

Además, ha recordado que el próximo 26 de junio la Seguridad Social pagará a más de 75.000 hogares en los que viven 255.000 personas, la mitad menores. A estos beneficiarios se les ha informado vía SMS de la conversión de oficio de la prestación por hijo a cargo en el Ingreso Mínimo Vital. A final de mes el INSS liberará 34 millones de euros para pagar a estas familias. Además de esta vía, el Ministerio de Inclusión está trabajando con varias comunidades autónomas para intercambiar datos de sus beneficiarios de rentas mínimas de cara a posibles conversiones de oficio también de perceptores de rentas autonómicas.

“En los próximos días”, ha anunciado Escrivá, “firmaremos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un convenio marco para que los servicios municipales puedan ayudar a presentar solicitudes a posibles beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital”. Además, el Ministerio está trabajando también en los reglamentos que desarrollarán el sistema de incentivos a la inclusión laboral asociado al IMV así como el sello social que se concederá a las empresas que ofrezcan formación y empleo a los beneficiarios de la nueva prestación.

Reforma de pensiones y de la Ley de Extranjería

En materia de pensiones, el ministro de Inclusión ha recordado que es necesaria hacer una reforma ante la preocupación que muestra la sociedad por el futuro de estas prestaciones. Para ello, ha indicado que debe solucionarse el problema de los gastos impropios de la Seguridad Social, que provoca incertidumbre en los ciudadanos debido a una cuestión simplemente contable. Además, a medio plazo ha planteado tres reformas: el retorno al marco normativo pre-existente a la reforma de 2013, la implantación de incentivos positivos para que la edad real de jubilación se acerque a la legal y el desarrollo de la previsión social complementaria. “Todo ello se puede hacer, ha subrayado el ministro, partiendo del borrador de acuerdo del Pacto de Toledo si es ratificado por los grupos políticos”.  

Dentro del consenso por la migración, el ministro de Inclusión ha destacado la necesidad de “fortalecer las vías de migración legal a nuestro país” para lo que “es imprescindible una reforma de la Ley de Extranjería, que fue aprobada en el año 2000, cuando las circunstancias eran muy distintas”. En esta reforma se simplificará la normativa, se mejorará la vinculación entre el SEPE y la Secretaría de Estado de Migraciones y se realizarán las modificaciones oportunas para favorecer el tránsito a la mayoría de edad de los menores bajo tutela.

Además, el ministro ha resaltado la necesidad de poner en marcha un “plan de choque” en las oficinas de extranjería, materia en la que se han empezado los trabajos junto con el Ministerio de Política Territorial.