El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado “el enorme esfuerzo normativo realizado en el Ministerio en estos catorce meses” durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado. Escrivá ha resaltado que, “al unirse el plan de legislatura presentado en febrero de 2020 y las medidas para luchar contra la pandemia, el Ministerio de Inclusión ha desarrollado una gran labor normativa, participando en 22 reales decretos leyes y siete reales decretos, entre otras medidas”.

El ministro de Inclusión ha destacado que a su llegada al ministerio se encontró “tres grandes retos que abordar”, que afectaban a todas las áreas administrativas. En primer lugar, unas políticas con un diseño mejorable y aprobadas y ejecutadas sin evaluación, lo que en el ámbito de la Seguridad Social llevaba a una reforma de pensiones no consensuada y en el ámbito de las Migraciones a la existencia de un marco normativo desfasado y una notable insuficiencia en los recursos propios. Además, pese a reclamarlo las instituciones europeas en varias ocasiones en los últimos años, “no existía un marco inclusivo nacional, sino un conjunto de políticas dispersas y desiguales”.

En segundo lugar, Escrivá ha indicado que también “nos encontramos con una destacable falta de inversión en capital humano”, que se traducía en una edad media de 55 años en el personal de la Seguridad Social y solo un 5% de trabajadores por debajo de los 40 años. Además, había perdido el 20% de su mano de obra en los últimos diez años. En la Secretaría de Estado de Migraciones, esta falta de personal se traducía en una importante lista de espera para algunos servicios y una capacidad insuficiente en el sistema de acogida.

“Finalmente- ha explicado el ministro de Inclusión-, nos encontramos con una total rigidez en los procesos operativos”, que dificultaban el reparto eficiente de la carga de trabajo en la Seguridad Social y dejaban casi sin margen de maniobra al sistema de acogida de personas migrantes en un contexto de necesidades cambiantes.

En este contexto, y teniendo que abordar estos tres grandes retos para los que proponíamos diferentes soluciones, “tuvimos que enfrentarnos a otros, los derivados de la pandemia”. La COVID-19, ha señalado Escrivá, planteó la necesidad de poner en marcha medidas de protección inmediatas tanto para los trabajadores como para el tejido productivo, afrontar el cierre súbito de oficinas y el cierre de fronteras y la suspensión de plazos administrativos. “Este nuevo contexto nos obligó a tomar muchas y muy diversas medidas en un plazo muy breve de tiempo”.

El ministro de Inclusión ha repasado las medidas tomadas en el ámbito de Seguridad Social para proteger las rentas de trabajadores y empresas durante la pandemia. “Hemos desplegado una enorme red, que ha permitido proteger en algún momento de este último año a más de 8 millones de personas y más de medio millón de empresas”. Escrivá ha subrayado que se han gestionado más de 3,8 millones de prestaciones de incapacidad temporal especial por COVID, que liberaba del coste que las bajas comunes tienen para empresarios y trabajadores.

Además, los ERTE se desplegaron con gran rapidez y en poco más de un mes de su puesta en marcha ya protegían a más de 3,6 millones de trabajadores. “Las sucesivas prórrogas de esta medida- ha explicado Escrivá- pusieron el foco, primero en la reactivación y, posteriormente en la flexibilidad para adaptarse a las restricciones administrativas que se han ido aplicando en la segunda y tercera ola de la pandemia”. El ministro ha subrayado que el buen diseño de esta herramienta ha permitido que España sea uno de los países con mayor porcentaje de reactivación de personas en ERTE y que el empleo asalariado sufriera un menor impacto mucho menor que en la anterior crisis.

José Luis Escrivá también ha resaltado la importancia de las prestaciones para autónomos aprobadas durante la pandemia, que llegaron a proteger a casi 1,5 millones de personas en el momento más agudo de la crisis. “Estas prestaciones -ha indicado-, que no existieron durante la crisis anterior, han contribuido a que a día de hoy tengamos más autónomos afiliados a la Seguridad Social de los que había antes de la pandemia”. Finalmente, ha recordado las medidas de liquidez puestas en marcha desde el Ministerio de Inclusión en ambos periodos de estado de alarma y que han ayudado a que “la morosidad se haya mantenido en niveles similares a los previos a la crisis del COVID-19, una evolución muy diferente a la que tuvo en la crisis financiera”.

El ministro ha subrayado la importancia de estas medidas, “que supondrán un relevante esfuerzo presupuestario, de unos 40.000 millones hasta mayo, pero que han permitido que por primera vez en una crisis, la caída del empleo haya sido mucho menor que la del Producto Interior Bruto”.

En materia de Migraciones, las acciones durante la pandemia se centraron en evitar la irregularidad sobrevenida de las personas migrantes, poner en marcha de medidas de emergencia en el sistema de acogida y desplegar el Plan Canarias. El ministro ha recordado que la pandemia ha supuesto un reto específico en este área debido al cierre de fronteras, lo que “nos ha obligado a tomar medidas, como la suspensión de los plazos administrativos, las prórrogas de permisos de residencia, trabajo y escolarización, entre otras” para evitar la irregularidad sobrevenida. Además, en los momentos más agudos de la pandemia, cuando eran necesarios trabajadores en algunos sectores, “también se realizaron acciones de calado, como la prórroga de 6.000 contrataciones en origen, la promoción de contratación de 400 profesionales sanitarios en situación regular, o la autorización a jóvenes ex tutelados para trabajar en el campo”.

Escrivá ha recordado también el rápido despliegue puesto en marcha en Canarias en los últimos meses para abordar la crisis migratoria producida ante el incremento de las llegadas a costa y el cierre de fronteras. Ha destacado que “en poco más de tres meses las islas disponen de más de 7.000 plazas, frente a las menos de mil que había a la llegada de este equipo al Ministerio”. Estos nuevos recursos propios, ha anunciado el ministro, “nos están permitiendo vaciar los hoteles que hemos utilizado de forma transitoria, un proceso que terminará a finales de este mes”. 

En materia de Inclusión, el ministro ha destacado la agilización del análisis ex ante realizado para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital, que fue aprobado en junio por el Congreso de los Diputados sin un voto en contra. Su puesta en marcha se ha visto acompañada de una evaluación continua, que ha permitido realizar modificaciones en la normativa para acelerar y mejorar su despliegue, y de varios protocolos de información y reconocimiento de beneficiarios con las comunidades autónomas.

Escrivá ha destacado que en menos de nueve meses desde su puesta en marcha “hemos recibido más de 1,2 millones de solicitudes, de las que ya se han tramitado casi 900.000 y se han aprobado 210.000”. La prestación, ha indicado, “está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil, ya que siete de cada diez hogares beneficiarios tienen menores”.

En este sentido, ha subrayado también que el despliegue del Ingreso Mínimo Vital en sus primeros ocho meses de vida supera ya en beneficiarios a las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Además, “la distribución territorial de la prestación muestra que el diseño es acertado, ya que tenemos más beneficiarios en las comunidades con tasas de pobreza más altas y menos en las de mayor renta per cápita, a diferencia de lo que sucede con las rentas autonómicas”. También ha destacado que es una prestación más generosa que las autonómicas, ya que, de media, su gasto medio por hogar es un 20% mayor.

Medidas del plan de legislatura

Finalmente, Escrivá ha resaltado también las medidas puestas en marcha para abordar los retos iniciales que se incluían dentro del Plan de legislatura. En concreto, en materia de Seguridad Social ha recordado que ya se ha empezado a abordar la reforma de pensiones, tanto en el diálogo social como en las Cortes Generales, tal y como se recoge en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Además, también se ha iniciado un importante proceso de modernización de la Seguridad Social para mejorar la atención a los ciudadanos y distribuir de una forma más eficiente las cargas de trabajo entre las diferentes oficinas. Escrivá ha puesto como ejemplo de esta modernización el futuro Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, que se construirá en Soria, aprovechando su idoneidad climática y geográfica.

En materia de Migraciones, el ministro ha subrayado las medidas aprobadas para mejorar la protección de las familias vulnerables y de jóvenes extutelados, que culminará con la próxima reforma del Reglamento de Extranjería. Además, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se está “diseñando el nuevo modelo del sistema de acogida, que prevé incrementar progresivamente nuestra capacidad a través de recursos propios”. Para ello, ha destacado Escrivá, “contamos este año con un importante impulso presupuestario, que nos ayudará a iniciar la transición hacia el nuevo modelo”.

Finalmente, en el ámbito de Inclusión, se pretende, por un lado, reforzar la gobernanza del modelo del IMV, con un doble objetivo, el de conseguir una mayor coordinación de las políticas en los territorios, y el de implicar a todas las instituciones en el compromiso común de luchar contra la pobreza y las desigualdades. Y, por otro lado, potenciar el desarrollo reglamentario. Dentro de estos objetivos, el ministro ha destacado también la colaboración con el sector privado que se traducirá próximamente en el Sello de Inclusión Social.

Puede ver el vídeo completo de la intervención del ministro en el Senado en este enlace.